En un análisis crítico sobre la sostenibilidad del sector, el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, señaló que el país se encuentra en un punto de inflexión. Según el directivo, consolidar el liderazgo minero peruano no solo depende de la geología, sino de un fortalecimiento institucional que combine la agilidad administrativa para el sector formal con una ofensiva frontal contra las redes de minería ilegal.
Para el IIMP, el «giro importante» proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe materializarse en una estrategia que devuelva la presencia efectiva del Estado a los territorios hoy dominados por economías ilícitas.
La amenaza del financiamiento ilícito en la política
Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico de Ortiz es la capacidad de la minería ilegal para erosionar el Estado de derecho desde adentro. El vocero respaldó la urgencia de enviar señales políticas claras ante la creciente influencia de estas mafias en las esferas de decisión.
- Iniciativa «Silla Vacía»: Ortiz destacó la propuesta legislativa de la congresista Diana Gonzales, que busca sancionar a parlamentarios vinculados a la minería ilegal.
- Advertencia de Confiep: Se hizo eco de las alertas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas sobre la penetración de dinero ilícito en el financiamiento de campañas y partidos.
- Distorsión de la Democracia: «Cuando el dinero ilícito penetra la política, se capturan decisiones públicas y se generan condiciones profundamente desiguales para los sectores productivos formales», advirtió Ortiz.
La Paradoja Regulatoria: Formalidad vs. Ilegalidad
El directivo del IIMP puso de relieve una contradicción que castiga la competitividad nacional: mientras los proyectos mineros responsables enfrentan procesos administrativos que Ortiz califica como «largos, complejos e inciertos», la minería ilegal avanza con una velocidad y ferocidad que el Estado no está logrando contener.
“La minería ilegal no es un fenómeno marginal, sino una de las principales amenazas para la seguridad, la competitividad y el Estado de derecho en el país”, subrayó.
Impactos de la ilegalidad:
- Depredación Ambiental: Destrucción de ecosistemas sin planes de remediación.
- Vulneración de DD.HH.: Explotación laboral y condiciones de seguridad nulas.
- Competencia Desleal: Desaliento a los inversionistas que cumplen con estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.
Conclusión: Una disyuntiva histórica
Efectivamente, para Juan Carlos Ortiz, el éxito de la minería moderna en el Perú está intrínsecamente ligado a la capacidad del Estado para actuar con coherencia. La industria formal, generadora de canon, regalías y empleo tecnificado, no puede coexistir sanamente con un sector que corrompe autoridades y ocupa territorios al margen de la ley.
Finalmente, la disyuntiva planteada es clara: el Perú debe elegir entre consolidar una minería que impulse el desarrollo y la gobernabilidad, o permitir que la ilegalidad fuerce un retroceso de décadas en el progreso nacional.
