El Instituto Peruano de Economía (IPE) lanzó una severa advertencia sobre el avance de la minería ilegal. En este contexto, la institución señaló que esta actividad ilícita pone en riesgo proyectos valorados en más de US$ 12,000 millones. El problema es especialmente crítico en regiones de alto potencial minero como Cajamarca, Apurímac y La Libertad.
Específicamente, en estas zonas, la minería ilegal compite directamente con proyectos formales de gran escala. Asimismo, el IPE proyecta que el valor de las exportaciones de oro ilegal podría igualar a la producción legal en 2025. Este dato refleja el crecimiento exponencial de una economía que opera al margen de la ley.
Impacto financiero: lavado de activos y pérdidas fiscales
La magnitud del flujo monetario detrás de esta actividad es alarmante. De acuerdo con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la minería ilegal movilizó más de US$ 22,800 millones en operaciones sospechosas de lavado de activos durante la última década.
Por otro lado, las consecuencias para el erario nacional son profundas:
- Evasión Masiva: Se pierden ingentes recursos por falta de pago de impuestos y regalías.
- Impacto en el PBI: El costo económico total podría representar hasta el 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI).
- Inversión Pública: Esta brecha reduce los fondos destinados a servicios básicos y obras de infraestructura pública.
Debilitamiento de la inversión y el medioambiente
Además del golpe financiero, la minería ilegal deteriora la imagen del país ante los mercados globales. Por consiguiente, aumenta la percepción de riesgo y se debilita la predictibilidad regulatoria. Esto es crítico para atraer capitales de largo plazo, justo cuando Perú busca consolidarse como proveedor estratégico de metales para la transición energética.
En cuanto al factor social, el daño es irreversible en múltiples frentes:
- Degradación Ambiental: El uso indiscriminado de mercurio destruye ecosistemas frágiles.
- Ocupación de Zonas Protegidas: Grupos ilícitos invaden áreas reservadas sin control alguno.
- Salud Pública: La contaminación afecta directamente la salud de las poblaciones locales.
Urgen medidas de fiscalización
Finalmente, diversos especialistas coinciden en que la solución requiere una acción estatal contundente. Por lo tanto, es imperativo fortalecer la fiscalización y mejorar los mecanismos de control actuales. No obstante, el objetivo principal debe ser desarticular las redes criminales que sostienen esta estructura. Sin estas medidas, el desarrollo de la minería formal y la capacidad de atraer nuevas inversiones seguirán seriamente comprometidos.
