La ineficiencia en la gestión pública en los gobiernos regionales y locales del Perú alcanzó niveles críticos. Entre 2022 y 2024, las entidades subnacionales no lograron ejecutar S/ 17,460 millones de los S/ 26,860 millones transferidos por concepto de canon, regalías y sobrecanon minero. Esto significa que el 65% de los recursos destinados a la población quedaron sin utilizar, privando a las comunidades de obras e infraestructura esencial.
La cifra fue expuesta por Alonso Rey, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), durante su participación en el Foro sobre ‘Sociedad Civil’ en PERUMIN 37.
Ineficacia pese a la abundancia de fondos
Rey advirtió que esta incapacidad de gestión es una paradoja inaceptable, especialmente en regiones con altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas.
“No hay derecho que las autoridades tengan el dinero y sean incapaces de ejecutar obras; mientras la ciudadanía sigue sufriendo carencias”, enfatizó el especialista, destacando que el contraste entre la abundancia de la riqueza minera y la limitada capacidad de gestión pública evidencia una necesidad urgente de fortalecer las instituciones.
Propuesta de fideicomiso para destrabar inversión
Para mitigar esta inejecución crónica y asegurar que los fondos lleguen a las comunidades, Comex plantea la creación de un fideicomiso que sería administrado por las propias empresas aportantes. El objetivo de esta figura sería priorizar proyectos de alto impacto directamente en las zonas de influencia minera.
Rey ilustró la gravedad de la situación con ejemplos regionales:
- Cajamarca: Considerada una de las regiones más pobres, mantiene cinco proyectos mineros pendientes de desarrollo, lo que agrava la falta de ingresos futuros.
- Loreto: Registra 302 obras paralizadas (296 a nivel municipal), demostrando la incapacidad de valorar y aprovechar los fondos provenientes de la actividad extractiva para generar desarrollo local.
La advertencia de Comex subraya que la riqueza minera del país no se está traduciendo en bienestar para la población debido a la fragilidad en la ejecución del gasto.
