En un intento por frenar la expansión de economías ilícitas que depredan la Amazonía y distorsionan el mercado, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1695. Esta norma refuerza el brazo punitivo del Estado al tipificar la minería ilegal como crimen organizado, incrementando penas y persiguiendo actividades conexas como el transporte y el beneficio de minerales. Sin embargo, el sector empresarial y especialistas legales coinciden en un diagnóstico cauteloso: las leyes más severas no detienen excavadoras si no hay presupuesto para operativizarlas.
El desafío de la trazabilidad: ¿Garras de papel?
Durante el foro organizado por el Observatorio de Minería Ilegal y DAR, se subrayó que endurecer el código penal es insuficiente si el sistema administrativo sigue fallando en el control de la cadena de valor.
- Falta de Trazabilidad: El procurador especializado en materia ambiental, Julio Guzmán, advirtió que no existe un modelo para identificar el origen de los recursos ni de la maquinaria. Sin esta información, el rigor penal podría derivar en controles excesivos que solo alimentan la corrupción.
- Populismo Penal: Se cuestiona que el Estado recurra a la vía penal para resolver lo que la gestión administrativa y la fiscalización no han podido solucionar en años.
- Ampliación del Delito: Según el experto César Ipenza, ahora se penalizan «zonas grises» como el procesamiento y el tráfico de insumos, dotando a los investigadores de más herramientas, siempre que tengan cómo usarlas.
Capacitación y Presupuesto: La factura pendiente
La complejidad del delito de minería ilegal es pluriofensiva: ataca el medio ambiente, pero también implica lavado de activos, evasión tributaria y trata de personas. Pese a esta densidad criminal, el DL 1695 no ha llegado acompañado de partidas presupuestales adicionales.
“La minería ilegal ataca varios bienes jurídicos. Esto hace que las indagaciones sean costosas y complejas, pero el decreto no ha incluido incrementos de fondos para la PNP o la Fiscalía”, señaló el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Sin personal especializado que domine la Ley General de Minería, la aplicación del decreto corre el riesgo de quedar en una mera declaración de intenciones.
Formalización: El «limbo» que protege la ilegalidad
El problema de fondo sigue siendo el proceso de formalización minera, descrito por Fiorella Chinchay (UNODC) como un «registro de nunca acabar».
- Ambigüedad Jurídica: Las constantes prórrogas del REINFO generan un escudo que bloquea la acción penal, permitiendo que mineros ilegales se amparen en un estatus de «en proceso» para seguir operando.
- Mecanismo de Impunidad: Iris Olivera (DAR) sostiene que el sistema de formalización actual actúa, en la práctica, como un mecanismo de encubrimiento.
En conclusión, el DL 1695 es un avance normativo necesario, pero incompleto. Para que el sector minero formal recupere competitividad y el Estado retome el control del territorio, se requiere que la severidad legal se traduzca en presupuesto real y en el cierre definitivo de las brechas en el proceso de formalización.
