El sector minero peruano se encuentra en un punto crítico de su evolución. En tal sentido, Jimena Sologuren, directora del IIMP y presidenta de PERUMIN 37, enfatizó que el país requiere una estrategia de formalización integral. Según su análisis, este plan debe abarcar obligatoriamente toda la cadena lícita, desde la extracción hasta la comercialización de los minerales.
Específicamente, en una columna publicada en El Comercio, la ejecutiva destacó que el Perú posee una oportunidad única para transformar millones de vidas. Esta posibilidad reside en la ejecución de una cartera de proyectos que supera los $US 64,071 millones. No obstante, este potencial se ve condicionado por la fortaleza de las reglas de juego y la institucionalidad del Estado.
Vacíos normativos y el desafío de la Ley MAPE
Sologuren fue enfática al señalar los obstáculos actuales que impiden el pleno desarrollo de la industria. Por consiguiente, advirtió que no es posible mantener vacíos normativos ni una burocracia que genere retrasos.
Asimismo, criticó el uso inadecuado de herramientas como el Reinfo. Sobre este punto, señaló que dicho registro termina encubriendo actividades de quienes no tienen intención de cumplir la ley. En este contexto, la directora del IIMP subrayó que la nueva Ley MAPE debe marcar un hito histórico:
- Minería Artesanal Moderna: La ley debe sentar las bases para una actividad integrada y sostenible.
- Diferenciación Clara: Se requiere distinguir de manera firme la minería artesanal de la minería ilegal.
- Trazabilidad: Es indispensable fortalecer el control de minerales e insumos para proteger a los actores lícitos.
“La minería puede seguir siendo una gran palanca de desarrollo, pero no lo será plenamente si mantenemos excepciones indefinidas o registros que terminan siendo mal utilizados”, precisa Sologuren.
Minería ilegal: una amenaza al Estado de derecho
Por otro lado, la presidenta de PERUMIN 37 alertó que la minería ilegal es hoy la mayor amenaza para el país. De hecho, esta actividad no solo destruye ríos y bosques, sino que también alimenta redes criminales organizadas.
Por lo tanto, la normalización de la violencia en zonas mineras y los ataques a operaciones formales erosionan el Estado de derecho. En consecuencia, estos factores desalientan la inversión responsable que el país necesita para su crecimiento. Sin embargo, sin un control efectivo del territorio y de la cadena ilícita, los esfuerzos estatales seguirán siendo insuficientes.
Hacia un consenso nacional
Finalmente, la directora del IIMP hizo un llamado urgente a la acción conjunta. Este esfuerzo debe involucrar al sector público, la empresa privada, la academia y la sociedad civil. Por tal motivo, instó a fortalecer los espacios de diálogo técnico para construir consensos sólidos.
El ordenamiento y la firmeza contra la ilegalidad son las únicas vías para garantizar una minería segura y responsable. Solo así, el Perú podrá consolidar un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a toda la ciudadanía.
