El geólogo senior César Riofrío advierte que el dictamen del Congreso ignora que el ciclo de maduración de un proyecto supera los 28 años. La medida, señala, generaría un desfase crítico, desalentaría la inversión y pondría en riesgo reservas estratégicas de alto potencial.
La estabilidad jurídica del sector minero enfrenta una nueva encrucijada. La reciente aprobación en la Comisión de Energía y Minas de un dictamen que reduce de 30 a 15 años el plazo de caducidad para concesiones sin actividad ha encendido las alarmas en proEXPLO 2026. Según César Riofrío, miembro del comité organizador, esta norma ignora los tiempos técnicos reales de la industria y crea un «desfase peligroso» entre la ley y la operatividad minera.
El desfase entre la ley y el cronograma minero
Para Riofrío, la propuesta legislativa carece de sustento técnico frente a la complejidad de los yacimientos modernos. En este sentido, las cifras globales y locales contradicen la viabilidad de un plazo de 15 años:
- Promedio mundial: El tiempo entre descubrimiento y producción es de 28 años.
- Realidad peruana: Debido a la carga burocrática, el ciclo puede extenderse entre 40 y 55 años.
- Complejidad geológica: Los nuevos depósitos están a mayor profundidad, tienen leyes más bajas o requieren procesos metalúrgicos costosos por la presencia de elementos como el arsénico.
En consecuencia, exigir producción en solo 15 años resulta técnicamente inviable para el minero formal. «Lo que hoy se etiqueta como ‘ocioso’ puede ser en realidad un proyecto en fase de exploración intensiva o una reserva estratégica», precisó el especialista al IIMP.
Exploración: Un proceso de largo aliento
La etapa de exploración generativa es, por naturaleza, extensa y rigurosa. Efectivamente, solo las fases preliminares —mapeo, muestreo sistemático y geofísica— pueden tomar hasta cinco años. Asimismo, este cronograma no incluye el tiempo adicional requerido para obtener permisos gubernamentales y alcanzar acuerdos con las comunidades.
“Reducir los plazos obligaría a acortar los tiempos de evaluación. De hecho, esto podría forzar el abandono de áreas con un potencial geológico que aún no ha completado su maduración técnica”, advirtió Riofrío.
Impacto en la formalidad y la tramitología
Por otro lado, el ingeniero alertó sobre un posible efecto búmeran que afectaría la formalidad del sistema. Si una concesión caduca prematuramente, pasa a libre disponibilidad y puede ser solicitada por terceros o ir a remate. Sin embargo, sin una simplificación administrativa previa, la medida solo aumentará la rotación de concesiones por causas burocráticas y no geológicas.
Obstáculos estructurales para la inversión:
- Permisología: Se requieren entre 200 y 400 permisos para operar.
- Burocracia: Intervienen hasta 19 entidades públicas distintas.
- Necesidad: Urge una ventanilla única y plazos predecibles antes de modificar la vigencia de las concesiones.
Riesgo de pérdida de oportunidades globales
Finalmente, Riofrío sentenció que el desafío país no es simplemente liberar áreas, sino garantizar que el marco regulatorio permita evaluar el potencial del territorio con rigor. Por lo tanto, de prosperar este dictamen sin cambios estructurales en la gestión de permisos, el Perú corre el riesgo de perder descubrimientos clave en un contexto de alta demanda de minerales estratégicos.
