El Perú se encuentra ante una paradoja crítica en su carrera por reactivar la inversión minera. Mientras el Ejecutivo impulsa reformas para reducir los tiempos de concesiones y permisos, las entidades responsables enfrentan severas limitaciones técnicas y humanas. Según Luis Humberto Chirif, expresidente del Ingemmet, la solución no radica en fijar plazos legales más cortos, sino en robustecer la capacidad de evaluación del Estado.
Durante su intervención en el panel “Balance y Perspectivas de la Minería 2026” de la Semana de la Ingeniería de Minas, Chirif enfatizó que el verdadero «cuello de botella» del sector es institucional y no normativo. En este sentido, advirtió que acelerar procesos sin una base técnica sólida podría comprometer el nuevo ciclo de inversiones previsto para este año.
El diagnóstico: Una burocracia al límite
Desde su experiencia liderando el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Chirif recordó que la acumulación de expedientes no es un fenómeno reciente. De hecho, durante su gestión, fue necesario implementar planes de contingencia operativos y administrativos para reducir el pasivo acumulado por años de sobrecarga y falta de recursos.
Por consiguiente, el experto sostiene que forzar plazos por ley sin reforzar a los equipos técnicos actuales —que ya operan al límite— puede ser contraproducente. En efecto, esta presión podría derivar en:
- Incremento de errores técnicos en la evaluación de derechos.
- Aumento de la judicialización de proyectos por vicios administrativos.
- Escalamiento de conflictos sociales debido a una delimitación territorial deficiente.
Desorden territorial y pérdida de competitividad
Asimismo, Chirif señaló que el desorden en el sistema de concesiones erosiona la competitividad del país. A pesar de contar con precios de metales favorables y capital humano calificado, el Perú carece de una delimitación clara entre la gran minería, la pequeña minería, los relaves y las operaciones informales.
“No se pueden cambiar estas situaciones imponiendo plazos (…) sino que hay que invertir en ello”, remarcó Chirif, subrayando que la superposición de derechos requiere un análisis técnico sumamente fino que el Estado, hoy, no logra cubrir con eficiencia.
El llamado a la inversión en capacidad estatal
Para los inversionistas, el mensaje de Chirif es una señal de alerta: la velocidad sin institucionalidad no garantiza seguridad jurídica. Por tal motivo, instó al Gobierno a establecer prioridades políticas claras y a detener la inestabilidad derivada del constante cambio de autoridades.
En conclusión, si el Perú aspira a capitalizar el ciclo minero de 2026, debe modernizar sus sistemas y contratar más especialistas. Finalmente, sin una gestión territorial integrada y un Estado que dé abasto, el país corre el riesgo de ver estancados miles de millones de dólares en proyectos por pura incapacidad administrativa.
